En Picassent, ante el Juzgado de Primera Instancia número 3, se presentó una demanda de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor cuyo objetivo era establecer si la persona de este procedimiento tenía capacidad suficiente para gobernarse por sí misma y administrar sus bienes. Dicha demanda se interpuso por el hijo de la pretendida como incapaz.

Doctrina del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo estableció lo siguiente: “el juicio de incapacidad no puede concebirse como un conflicto de intereses privados y contrapuestos entre dos partes litigantes, sino como el cauce adecuado para lograr la finalidad perseguida, que es la real y efectiva protección de la persona discapacitada mediante el apoyo que pueda necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica”.

El juez no está vinculado por los hechos aportados por las partes, ni tampoco por las pruebas solicitadas, gozando de una gran discrecionalidad en la valoración de la prueba practicada.

 

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